Entre los gobernadores peronistas hay cierta preocupación por los efectos futuros de las medidas adoptadas por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con el fin de recuperar el poder de compra de los salarios a sectores medios y bajos, luego de la brusca devaluación del 22% en el tipo de cambio oficial, adoptada por el Banco Central (BCRA) tras las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Si bien públicamente aplauden las decisiones del candidato presidencial por Unión por la Patria (UP), en privado reniegan del “lado B” de las acciones encaradas por el Gobierno nacional. Particularmente la inquietud pasa por el impacto de los cambios que se observarán en los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA), ambos coparticipables.
El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) envió al Congreso el proyecto de ley para modificar Ganancias y establecer un nuevo mínimo no imponible de $1.770.000, además de una nueva escala de pago para quienes superen ese monto a partir del 1° de enero de 2024. También ha dispuesto “un programa de devolución del IVA, del 21%, del total de la canasta básica, para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta $700.000", indicó el propio Massa, tras conocerse el dato de inflación nacional de agosto, que fue del 12,4%, otro motivo de preocupación para el sector público provincial que, en gran parte del país, se encuentra en proceso de reapertura de paritarias.
El impacto de las medidas de la actual gestión nacional no será de cortísimo plazo. En el caso de Tucumán puede que la termine “pagando” la gestión de Osvaldo Jaldo, una vez que asuma la gobernación de la provincia, el 29 de octubre próximo.
Un “paper” que está en poder de los técnicos de cada provincia advierte que las medidas pueden tener efecto pleno en el último bimestre del año. “El impacto financiero en la reducción de Ganancias para la cuarta categoría se verá reflejado en la recaudación del impuesto de noviembre y de diciembre”, dice el documento al que accedió LA GACETA.
Puntualmente, Tucumán dejaría de percibir en noviembre unos $4.660 millones de las transferencias coparticipables de Ganancias, mientras que para diciembre se estima que la reducción del giro no discrecional de este impuesto será de unos $ 4.100 millones, según el informe preliminar. Esto quiere decir que Jaldo arrancará su mandato con casi $8.800 millones menos de coparticipación, en un período marcado por las restricciones presupuestarias. En el caso del conjunto de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el costo de la medida implicaría unos $325.000 millones para los dos últimos meses de este año. Aún no fue calculado el impacto de la devolución del IVA que sería otro dolor de cabeza para los mandatarios provinciales.
Los gobernadores están esperando que el Palacio de Hacienda eleve el proyecto de Presupuesto Nacional 2024 al Congreso, un paso constitucional que debería ser tramitado hasta mañana. En esa iniciativa se incluye la “planilla mágica”, tal como se denomina a las proyecciones de transferencias por coparticipación y por leyes especiales del año siguiente.
Con la decisión del ministro de Economía para modificar el esquema de Ganancias, se estima que en la Argentina tributarán alrededor de 90.000 contribuyentes y que en promedio aportarían al tributo unos $600.000 cada uno (atento que un salario superior a 15 salarios mínimo, vital y móvil tributa actualmente poco más de $460.000) para noviembre, y con un incremento del 10% estimado para diciembre debido a las paritarias, proyectan los equipos técnicos de las provincias.
Como una suerte de compensación, si se considera que la mejora en el salario neto de los contribuyentes para noviembre (cerca de $175.875 millones) se vuelca en su totalidad al consumo formal, habría un impacto positivo en la recaudación del IVA para diciembre cercano a los $36.934 millones.